Viernes, 12 de Septiembre de 2008 / 10:44 h
Corte de Cuentas resuelve a favor de comunidades afectadas por urbanización en Juayúa
Alicia Sánchez Redacción Diario Co LatinoLa Cámara Cuarta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas, resolvió a favor de la población de Juayúa, en el caso de la ejecución del proyecto de urbanización recreativa «Los Cipreses», a cargo de la empresa Americasas, S. A. de C. V.
La urbanización, mejor conocida como «Portal de las Orquídeas», está ubicada en el kilómetro 84 que de Salcoatitán conduce a Juayúa, cuya construcción inició en 2004 y había incumplido las normas ambientales, de construcción de vivienda, entre otras.
La Corte hizo 15 hallazgos que señalan a los responsables de anomalías a favor de la empresa constructora, como «el inadecuado proceso de consulta pública por parte de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, existiendo la posibilidad de afectar la calidad de vida de la población, por la amenaza latente de riesgos para la salud humana y el medio ambiente».
En la urbanización se construirían 250 fosas sépticas, que contaminarían la fuente de agua Amulunga, sobre la zona de recarga hídrica de la finca El Recreo, que abastece a los pueblos: Juayúa, Salcoatitán, Santa Catarina Masahuat y Nahuizalco, por lo que la Corte dictaminó responsabilidades administrativas contra los funcionarios que ejercieron durante el período de construcción del Portal de las Orquídeas, entre el uno de enero de 2004 y el 31 de marzo de 2007.
No se consideró tampoco, dice la resolución, el uso de suelos del ecosistema terrestre para otorgar permiso ambiental, el cual fue entregado pese a que en 2001 había sido denegado porque el suelo no
era apto para el proyecto, pues posee ondulaciones susceptibles a la erosión y la cobertura vegetal protegía el terreno y la biodiversidad.
Además, la Corte encontró que no se realizaron auditorías ambientales, ni inspecciones en la etapa de construcción. La Unidad de Salud de Juayúa no exigió los planos para otorgar la licencia de ejecución, ni para la aprobación de la construcción de obras de almacenamiento de agua para el consumo humano.
Para concretar las construcciones de la urbanización, se estaba desmontando el Casco de la Hacienda, decretado Bien Cultural; sin embargo, «La Dirección Nacional de Patrimonio Cultural no realizó inspecciones, por lo que deberán responder Federico Hernández, Presidente de CONCULTURA, Ismael Sermeño, Director Nacional de Patrimonio Cultural, entre otros involucrados», explica la resolución de la Corte.
El plan de ordenamiento territorial de la municipalidad no se ha aprobado y no se realizó vigilancia en la etapa de construcción del proyecto para verificar que no hacía daño ecológico y afectaran los recursos hídricos. El inmueble considerado bien cultural no contó con la vigilancia municipal en la ejecución del proyecto, señala la resolución.
Otras instituciones que se señalan en el documento como responsables y que tendrán que responder con reparos a los daños ocasionados, son: el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por no exigir a Americasas el permiso para la tala de 91 árboles, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, por no hacer supervisión pertinente y revalidar el permiso que había caducado para la construcción, sin exigir que los planos llevaran la firma y sello de la municipalidad de Juayúa.
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